La creación de la ley no ha frenado el delito, pero sí ha permitido visibilizarlo a través de las denuncias de quienes están en riesgo y de las familias de las víctimas. Algunos medios de comunicación ponen en los primeros renglones de sus agendas los casos, intentado no restar dignidad a la víctima. Además, ha obligado a la institución judicial a llevar registros más precisos, todavía no exactos, sobre los feminicidios, lo que es clave para empezar a entender el fenómeno.

Desde el año 2015, cuando se promulga la ley Rosa Elvira Cely, hasta octubre de 2023, en Colombia han sido víctimas de feminicidios 1.732 mujeres, según la Fiscalía General de la Nación. De ese total 917 estaban entre los 27 y los 59 años edad y 452 entre los 18 años y los 26. Sorprende que de 170 mujeres víctimas entre los años 2015 y 2018 no hay información, según la base de datos analizada; y sorprende porque el ente judicial debería no perder el rastro y tener información puntual de cada caso sobre todo después de la ley.

Tampoco se identifican datos completos sobre la relación que existía entre las víctimas y sus feminicidas. En efecto, de 1.705 indiciados que reporta la Fiscalía solo se establece el vínculo de 102. De ese número 65 eran parejas actuales (conyugue, novio), y 23 exparejas.

Así mismo, solo se registra la ocupación de 556 feminicidas. De ese total, llama la atención que 262 no presentan oficio ni profesión; 8 pertenecen a la Fuerza Pública, 15 son vigilantes, 5 son indígenas, y 2 se presentan como activistas de derechos humanos. En los demás casos las profesiones y oficios son variados: recicladores, vendedores ambulantes, albañiles, coteros, electricistas, comerciantes, profesores, entre otros.

“Una tarea permanente, constante del Estado, de las instituciones, de la sociedad es justamente no confiarnos en que la ley es suficiente. Necesitamos otras medidas de carácter preventivo, de sensibilización, formación constante, cualificación de aquellas personas profesionales que integran los entes de investigación en este caso de la Fiscalía y todos aquellos que lideran las actividades de indagación para que cuando ocurran estas violencias puedan tener la rigurosidad del enfoque de género, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres”, dice Nidia Olaya Prada, coordinadora de equipos de atención en la Secretaría Distrital de la Mujer, y representante jurídica de víctimas de violencias basadas en género.

Olaya tiene razón. La ley no es suficiente, y la prueba está no solo en los 1.732 feminicidios reportados por la Fiscalía en los últimos ocho años, sino en las cifras de violencia intrafamiliar que presenta Medicina Legal a través de los Forensis. Solo entre 2016, un año después de la Ley Rosa Elvira Cely, y 2022, año de la última publicación web del Forensis, se cuentan 351.608 casos de mujeres de todas las edades víctimas de este tipo de violencia, frente a 101.411 hombres víctimas del mismo fenómeno.

Los Forensis publicados entre 2020 y 2022 traen una sección que no hacía parte de la publicación de los años anteriores: el número de casos de mujeres que llegaron a Medicina Legal víctimas de intento de feminicidio. En total 25.738 mujeres estuvieron en riesgo. La entidad clasifica los casos según el nivel de riesgo en leve, moderado, grave y extremo.

Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, coincide en que tener la Ley no es suficiente: “la norma no cambia el pensamiento de las personas, pero empieza ese proceso, y lo que nos toca a las feministas, pues son las dos cosas. Primero es lograr cambiar la norma, y segundo lograr cambiar y transformar culturalmente no solamente a las mujeres, sino también a los hombres”.

El cambio también pasa por la transformación de los empleados del sistema de justicia; muchos, muchas, no gozan de formación en una justicia con enfoque de género, lo que da continuidad a la revictimización de las mujeres que acuden en busca de ayuda o de las familias que van a denunciar; también, es una de las causas de los niveles de impudindad que se presenta en estos casos.

Hay casos, según las fuentes consultadas, en los que no se activan de forma adecuada las rutas establecidas de atención a mujeres en riesgo de feminicidio. Sigue ocurriendo que a muchas que llegan a las instituciones a pedir ayuda, por casos de violencia intrafamiliar y de pareja, se encuentran con múltiples barreras que las revictimizan.

También es clave la transformación en el sistema educativo. A los seis meses de haberse sancionado la ley tenía que haberse creado la cátedra de género, pero todavía el Ministerio de Educación no da una respuesta contundente a la aplicación de lo dicho. La Unidad de Investigación Periodística consultó con colegios de distintas partes del país y la respuesta es NO; no tiene aún una cátedra de género.

La ley Rosa Elvira Cely representa un paso histórico para todas las mujeres, pero que los hombres – e incluso algunas mujeres- sienta que las vidas de ellas son invaluables es la misión en la que se trabaja desde múltiples escenarios oficiales y ciudadanos, públicos y privados para que un día sea real que están todas, ni una menos.